El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile anunció que presentará un recurso de reconsideración ante la Contraloría General de la República, tras cuestionar el instructivo que regula el pago de bonos asociados al reajuste del sector público. Según el gremio, la medida estaría dejando sin este beneficio a un número significativo de docentes a nivel nacional.

El presidente del gremio, Mario Aguilar Arévalo, manifestó su preocupación por los retrasos en el pago de estos bonos, señalando que corresponden a beneficios vinculados al mes de diciembre y al período de vacaciones, pero que recién se están pagando en marzo. En ese contexto, criticó que la Contraloría haya fijado como requisito que los docentes deben haber estado contratados tanto al momento de la publicación de la ley —el pasado 2 de febrero— como al momento del pago, lo que, a su juicio, excluye injustamente a quienes no tuvieron renovación de contrato a fines de febrero.

Desde el gremio sostienen que esta interpretación no se ajusta al espíritu del bono de vacaciones, el cual históricamente ha beneficiado a quienes se encontraban trabajando durante el mes de enero. Aguilar argumentó que la actual situación responde a una lectura errónea de un dictamen anterior, ya que en condiciones normales la ley se publica en diciembre y el pago se concreta en enero, lo que no ocurrió este año.

El dirigente advirtió que este criterio podría sentar un precedente negativo, permitiendo que eventuales retrasos administrativos de los empleadores dejen fuera a trabajadores de beneficios que les corresponden. Por ello, el Colegio de Profesores prepara una presentación formal con argumentos jurídicos para revertir el instructivo, calificándolo como una medida injusta y perjudicial para el profesorado.

Finalmente, el gremio reiteró su llamado a corregir la situación, enfatizando que el bono de vacaciones debe respetar su propósito original y no depender de condiciones administrativas que, según acusan, terminan afectando directamente a los docentes.