La Contraloría General de la República de Chile emitió un nuevo dictamen que ordena a servicios públicos y municipios del país establecer normas más claras para el uso de viviendas fiscales, fijando plazos máximos de ocupación y condiciones específicas para su mantención y cuidado.

Según informó la entidad fiscalizadora, la medida reconsidera la jurisprudencia vigente sobre esta materia y busca fortalecer el control y la correcta administración de los inmuebles fiscales destinados a funcionarios públicos.

El dictamen también contempla causales para poner término al beneficio habitacional, con el objetivo de garantizar transparencia y un uso adecuado de los recursos del Estado. Desde Contraloría señalaron que las instituciones deberán adoptar medidas administrativas que permitan regularizar y supervisar estas situaciones.

La resolución fue dada a conocer este jueves y ya comenzó a generar reacciones en distintos sectores vinculados a la administración pública y municipal, debido al impacto que podría tener en la gestión interna de viviendas asignadas a funcionarios en diversas regiones del país.