Giovanna Amaya valora el alza de recursos para el SEA y el Servicio de Biodiversidad, pero alertó sobre los recortes en humedales y recambio de calefactores, con efectos directos en regiones como O’Higgins.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla un aumento de solo 0,3% para el Ministerio del Medio Ambiente, con recursos concentrados en los servicios vinculados a la permisología. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) crecería un 4% y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) un 20,7%, mientras que la Superintendencia del Medio Ambiente tendría una baja de 1,8%.

Para la directora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ECA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Giovanna Amaya Peña, el principal riesgo está en avanzar en la aprobación de proyectos sin reforzar el control posterior. A su juicio, la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental no cierra el trabajo del Estado, sino que abre una etapa clave de seguimiento.

“Podemos tener un Servicio de Evaluación Ambiental con más recursos, que permita tramitar proyectos de manera más eficiente, pero ¿qué pasa después? ¿quién verifica que esos proyectos estén cumpliendo? ¿quién responde cuando las comunidades denuncian posibles incumplimientos? La evaluación y la fiscalización tienen que avanzar de la mano”, afirmó.

Agilizar sin perder rigor

La especialista considera posible y necesario acelerar los permisos ambientales, pero sin rebajar las exigencias. En su opinión, buena parte del espacio de mejora está en la gestión: los plazos de pronunciamiento de los organismos públicos, la información ambiental disponible sobre los territorios y la coordinación entre servicios.

“La participación ciudadana no puede verse como un obstáculo para la inversión. Cuando las comunidades sienten que no fueron escuchadas, los conflictos no desaparecen porque se haya aprobado un proyecto. Muchas veces aparecen después. Agilicemos los procedimientos, pero sin confundir rapidez con una evaluación menos rigurosa”, sostuvo.

Respecto del alza para el SBAP, Amaya destacó que se trata de una institucionalidad que el país necesitaba hace tiempo, aunque advirtió que proteger la biodiversidad no se limita a administrar parques y reservas. Como ejemplo, mencionó los humedales de la Región de O’Higgins, cuyos programas de conservación registran disminuciones o cambios en sus asignaciones.

“Me gustaría ver un servicio con presencia territorial, con equipos técnicos y con capacidad para trabajar con los municipios, las comunidades y las organizaciones ambientales. Podemos tener una muy buena ley, pero si no contamos con personas, recursos y presencia en los territorios, se hace muy difícil llevarla a la práctica”, puntualizó.

La directora ECA3 explicó que los efectos de estas decisiones se verán con mayor claridad en las regiones. Si bien un SEA con más recursos podría agilizar la evaluación de proyectos agrícolas, agroindustriales, mineros y energéticos, también llamó la atención sobre la reducción en el presupuesto para calefacción sustentable, clave en los planes de descontaminación atmosférica regionales.

“En regiones donde tenemos graves problemas sanitarios por la calidad del aire, no podemos pedirles a las familias que cambien sus sistemas de calefacción si al mismo tiempo disminuimos las posibilidades de acceder a esos recambios. Una región necesita que los proyectos se evalúen oportunamente, que se fiscalicen, que se protejan sus ecosistemas y que las políticas de descontaminación realmente lleguen a las personas”, concluyó.