La investigación apunta a una presunta organización dedicada a sustraer cobre desde la División El Teniente de Codelco y tendidos eléctricos de la región. El perjuicio económico para las empresas afectadas superaría los $650 millones.

Rancagua, 29 de octubre de 2026. Nuevos antecedentes judiciales marcaron el avance de una de las investigaciones por robo de cobre de mayor alcance desarrolladas recientemente en la Región de O’Higgins. La Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió ampliar las medidas cautelares contra dos imputados, elevando a nueve el número de personas que permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

La resolución afecta a Hernán Antonio Bolbarán Miranda y Nelly Soledad Quezada Prieto, quienes inicialmente habían quedado sujetos a arresto domiciliario total. Sin embargo, tras revisar los antecedentes presentados ante el tribunal, los ministros determinaron sustituir aquella medida por prisión preventiva, al considerar que la libertad de ambos representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Una red que habría operado desde 2024

La causa tiene su origen en una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de O’Higgins, en conjunto con la Policía de Investigaciones, que permitió identificar una presunta estructura organizada vinculada a la extracción y comercialización ilegal de cobre.

Según los antecedentes judiciales, las operaciones investigadas se habrían desarrollado entre 2024 y 2026, afectando tanto a la División El Teniente de Codelco como a líneas de transmisión eléctrica ubicadas en diferentes comunas de la región.

La investigación involucra a 60 imputados y apunta a una distribución organizada de funciones, que incluía labores de vigilancia, recopilación de información, traslado y almacenamiento del material sustraído.

Los antecedentes también describen la presunta utilización de terceros, adquisición de maquinaria y creación de sociedades comerciales para ocultar el origen de los recursos obtenidos mediante la venta del metal.

De acuerdo con las estimaciones presentadas en la causa, las pérdidas económicas superarían los $650 millones, afectando a empresas del sector minero y eléctrico.

La gravedad de los delitos motivó la decisión judicial

Uno de los elementos considerados por la Corte de Apelaciones fue el presunto grado de responsabilidad que habrían tenido los dos imputados dentro de la organización.

El tribunal tomó en cuenta el papel directivo que se les atribuye, la cantidad y gravedad de los delitos investigados y las eventuales penas que podrían enfrentar si se acreditan los hechos durante el proceso judicial.

También se consideró la afectación de infraestructura crítica, dada la naturaleza de las instalaciones involucradas en las sustracciones.

La resolución fue adoptada en fallo dividido y modificó las medidas cautelares previamente establecidas por el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Investigación continuará durante siete meses

Tras las primeras audiencias de formalización, siete imputados habían quedado bajo prisión preventiva, mientras que otros recibieron medidas como arresto domiciliario, arraigo nacional y firma periódica.

Con la reciente decisión de la Corte, el número de personas sometidas a la medida cautelar más gravosa aumentó a nueve.

El tribunal estableció un plazo de investigación de siete meses, durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para determinar la participación de cada uno de los involucrados y esclarecer el destino del cobre sustraído.

El caso mantiene especial relevancia en O’Higgins debido a su vinculación con instalaciones mineras y redes de suministro eléctrico, dos sectores fundamentales para la actividad productiva regional.

Por ahora, la investigación continúa abierta y las responsabilidades penales deberán establecerse mediante las respectivas resoluciones judiciales, respetando la presunción de inocencia de las personas imputadas.