La investigación detectó pagos municipales por $60 millones para adquirir un inmueble en Lo Miranda que no fue inscrito a nombre del municipio. El organismo fiscalizador busca establecer responsabilidades y recuperar los recursos comprometidos.

La exalcaldesa de Doñihue, Pabla Ponce Valle, y dos exdirectivos municipales enfrentan un procedimiento de juicio de cuentas luego de que la Contraloría Regional de O’Higgins detectara irregularidades en la adquisición de un terreno ubicado junto a la sede municipal de Lo Miranda.

Según los antecedentes conocidos, la Municipalidad de Doñihue desembolsó un total de $60 millones por el inmueble, mediante pagos de $10 millones durante 2021 y otros $50 millones en 2022. Sin embargo, la propiedad no fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de la municipalidad, por lo que no se acreditó su incorporación al patrimonio comunal.

La acción fiscalizadora involucra a la exalcaldesa Pabla Ponce Valle, al exdirector de Administración y Finanzas Dante Herrera Carrizo y al exadministrador municipal Rodrigo Rubio Hormazábal. De acuerdo con los antecedentes del caso, los tres participaron mediante la firma o visación del decreto de pago N.º 2.187, sin que se asegurara la formalización de la adquisición del inmueble.

El Informe Final de Investigación Especial N.º 63 de 2026 identificó deficiencias en los procedimientos utilizados para concretar la operación. Entre las observaciones se encuentran la falta de tasación comercial, la ausencia de procedimientos específicos para adquirir inmuebles y la omisión de actos administrativos necesarios para respaldar la compraventa.

Como consecuencia, la Contraloría formuló un reparo cuyo monto fue calculado en 817,57 UTM, equivalentes a $58.636.787 a septiembre de 2026. El organismo busca que, mediante el juicio de cuentas, se determine la eventual responsabilidad civil solidaria de los involucrados y se disponga la restitución de los recursos correspondientes.

Este procedimiento tiene por finalidad establecer responsabilidades patrimoniales derivadas del manejo de fondos públicos y no constituye, por sí mismo, una condena penal contra las personas involucradas.

El caso vuelve a poner bajo revisión los mecanismos de control financiero y administrativo de los municipios de la Región de O’Higgins, especialmente respecto de la utilización de recursos públicos para adquirir propiedades que deben quedar debidamente registradas a nombre de las instituciones correspondientes.