Hasta finales de 2023, la justicia chilena trabajaba en 642 causas relacionadas con delitos de malversación o fraude al fisco en los que están involucrados alcaldes y/o funcionarios/as municipales. Una cifra desconcertante y que da luces del actual escenario municipal, donde el cargo de alcalde o alcaldesa se desprestigia y el interés por acceder a él, decae rápidamente, pudiendo afectar –a futuro- la calidad de las candidaturas en todo el país.
Sobre este dilema, la docente y jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), Javiera Delgadillo, señala que es importante dotar a los municipios de herramientas de gestión que permitan ordenar las acciones que se realizan, para evitar que estas sean realizadas de manera extremadamente discrecional. “La política debe estar acompañada de herramientas técnicas que permitan hacer que los procesos sean transparentes y apegados a la norma. Asimismo, es relevante no concentrar exclusivamente todas las decisiones en la figura del alcalde o alcaldesa, sino que los/las funcionarios/as de los municipios puedan desarrollar un rol más preponderante en la función municipal. Una propuesta -por ejemplo- es que el/la administrador/a municipal sea quien se encargue de temáticas técnicas y el alcalde o alcaldesa asuma el rol político”, detalla la experta.
Concejo fiscalizador
Delgadillo señala que, ante este escenario enrarecido de los municipios, el concejo municipal cobra doble valor. “Es vital para una buena gestión, dado que les corresponde por mandato de ley fiscalizar la labor del alcalde y supervisar la ejecución del presupuesto. Sin embargo, existe un límite en las posibilidades de acción del concejo, pues no cuentan con potestad de sanción ni de revocamiento de autoridades que pudiesen estar involucradas en procesos de corrupción”, puntualiza.
Añade que, no obstante, el concejo municipal puede cumplir un rol a nivel político y comunicacional al denunciar actos que falten a la ética pública, “lamentablemente, vemos muchas veces que quienes integran el concejo municipal no cumplen con criterios básicos deseables para ejercer un rol de representante y su actuar es populista, sin asidero en las capacidades que por ley tienen”.
Futuro incierto
La experta UOH señala que –efectivamente- los actos de corrupción y su tratamiento comunicacional pueden impactar en el interés de la ciudadanía para postularse a cargos de elección popular, como es el caso de la alcaldía. Pero asegura que es importante distinguir y no “meter a todos dentro de un mismo saco”.
“Hay alcaldes y concejales que han caído en procesos de corrupción e incluso ya han sido sancionados; sin embargo, hay otros y otras que aún se encuentran en proceso de investigación y es pertinente esperar a que se ejecuten los actos investigativos necesarios para determinar si existen faltas al caudal público”, detalla la docente UOH.
Agrega que la idea de que “todos son corruptos” no favorece a la democracia, “más bien genera una falsa idea de que el único interés de los y las representantes es el aumento de sus ganancias individuales, cuando eso en la gran mayoría de los casos no es así. Si bien existen sectores que se han favorecido mediante actos de corrupción, también hay alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas comprometidos y comprometidas con el desarrollo de sus territorios”.
Javiera delgadillo finalmente destaca que el desafío para la administración pública es modernizar los procesos de gestión que hoy existen a nivel municipal e implementar sistemas de control en dichos procesos. “Este desafío es una interpelación a quienes hoy se forman como funcionarios y funcionarias públicos/as, pues son ellos/as quienes lideraran estos procesos de transformación en las instituciones y necesitan contar con la máxima cantidad de herramientas para implementar procesos de cambio. En ese sentido, la labor de las universidades es importante para formar ciudadanos/as comprometidos/as con la ética y la transparencia”, finaliza.