Fonasa excedió presupuesto 2024 para tratamientos de alto costo judicializados y senador Castro insiste en incluir nuevas enfermedades en la Ley Ricarte Soto

Solo en el primer semestre se superó el monto destinado a esta partida que consideraba 27 mil 700 millones de pesos.

Son la fibrosis quística y la atrofia muscular espinal las dos enfermedades por las que más las personas acuden a la justicia en búsqueda de financiamiento por parte del Estado para sus tratamientos que son de alto costo, sin embargo, solo en el primer semestre del 2024, el presupuesto destinado para ello por parte del Ministerio de Salud, superó los 27 mil millones de pesos que era el monto destinado para esa partida.

“Fonasa ha excedido con creces el presupuesto para el pago de sentencias por la falta de acceso a medicamentos de alto costo. Hace dos meses vimos a una mujer recorriendo Chile para lograr un medicamento carísimo para su hijo con atrofia muscular espinal. Ese caso y muchos más de esa enfermedad, como de fibrosis quística, ya rebasaron los 27 mil millones de pesos presupuestados para el año 2024 sólo en el primer semestre”, señaló el senador Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

El parlamentario, calificó este hecho como “grave” apuntando a que está siendo peor el remedio que la enfermedad. “Es decir, pagar fallos judiciales en vez de incorporar a la Ley Ricarte Soto estos medicamentos, está trayendo como consecuencia una situación inversa a lo deseado y esto es que se invita a la gente a ir a la justicia en vez de a las personas  proporcionarle un programa para acceder al medicamento y eso es lo que le está costando al Estado”.

Explicó que es más costosa una sentencia, que colocar el producto en la canasta de prestaciones y servir con eso a la gente sin tener que recurrir a un abogado.

“Esto es dramático, porque desgraciadamente no se ha cumplido el propósito de incorporar estas dos enfermedades pese a estar prometidas y ya estando en el segundo semestre del año 2024. Esta es una promesa que se arrastra hace dos años en que se dejó de publicar el decreto último de la Ley Ricarte Soto con nuevas patologías que son las que permiten el acceso a medicamentos tan sensibles como los que aquí se están reivindicando ahora por el camino largo, costoso, que es la justicia”.

“El Ministerio de Salud está condenado a pagar porque la justicia está hablando a favor de la gente, pero el Minsal no termina de dar los pasos para incorporar estas prestaciones en su canasta de atención”, culminó el senador. Son 38 mil millones de pesos los que se han pagado en el primer semestre del 2024 destinados a costear estos tratamientos por vía judicial, sin embargo, lo presupuestado para todo el año eran 27 mil 700 millones de pesos.

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