El Gobierno decidió postergar la aplicación de la llamada “Ley Uber” en Chile, normativa que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, Cabify o DiDi. La medida busca entregar mayor claridad a conductores, empresas y usuarios respecto a los requisitos y condiciones que deberán cumplir cuando la normativa entre en funcionamiento.
La legislación, conocida oficialmente como Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), fue aprobada en 2023 con el objetivo de establecer un marco regulatorio para este tipo de servicios, incluyendo la creación de un registro oficial de conductores y vehículos, además de requisitos de seguridad, seguros y licencias profesionales para quienes operen en estas plataformas.
Sin embargo, su implementación ha enfrentado diversos retrasos, principalmente por problemas en el desarrollo de la plataforma tecnológica que permitirá registrar a conductores y empresas, sistema que es clave para que la ley pueda comenzar a aplicarse. Debido a estas dificultades, el Ejecutivo optó por retrasar su entrada en vigencia para evitar incertidumbre en la industria.
Desde el Ministerio de Transportes han señalado que la prioridad es contar con un sistema que permita realizar correctamente el proceso de inscripción y fiscalización, considerando el impacto que la normativa tendrá para miles de conductores y empresas que actualmente operan a través de aplicaciones de transporte en el país.
La llamada Ley Uber busca regular un sector que durante años ha funcionado en una zona gris legal en Chile, estableciendo reglas similares a las del transporte remunerado de pasajeros, como el uso de licencia profesional, registro oficial y estándares de seguridad para los vehículos.
Con esta decisión, la implementación definitiva de la normativa quedará en manos del próximo gobierno, mientras continúan los trabajos técnicos y administrativos necesarios para que el sistema pueda entrar en operación sin afectar el funcionamiento de las plataformas ni el servicio a los usuarios.
