El pasado jueves un verdadero escándalo se desató en Perú. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, fue detenido por la madrugada, acusado de una serie de ilícitos, como fraude, lavado de activos y corrupción.

Las imágenes de la policía ingresando al domicilio de la principal autoridad del balompié del país inca han dado la vuelta al Mundo. Mientras era trasladado al carro policial, el directivo expresó breves palabras: “Espero que se haga justicia, que todo se aclare”. La justicia peruana, en tanto, lo acusa de formar una “organización criminal”.

En este sentido, el hecho que más complicó a Lozano y que terminó desestabilizando su mandato fue la negociación por los derechos televisivos de la liga peruana. Una que se realizó y firmó, según explica la Fiscalía, justamente en Chile.

Todo tiene su origen en 2020, cuando Lozano y sus cercanos pretenden revolucionar el sistema de transmisión de partidos que, hasta ese entonces, cada club veía de manera individual, provocando el rechazo y molestia de Alianza Lima, el más popular.

Este escenario, provocó una pugna entre dos bandos. Por un lado, la Federación peruana quería modificar el modelo y quedarse con los derechos. Los clubes, con las manos vacías, comenzaron a actuar con demandas y denuncias para evitarlo.

Pese a la ‘guerra’ con los albiazules, Lozano puso sus ojos en Chile y decidió emular el sistema. Por lo mismo, en julio de ese año propone a la asamblea contratar la asesoría de Grupo Prisma SPA. “Es la familia Claro (exCDF). Ellos hicieron el modelo exitoso en Chile. Hicieron que los derechos de transmisión valgan lo que valen en Chile”, confirmaron desde Perú a BBCL.