Fiscalía investiga a empresa San Nicolás por contratos tras megaincendio en Valparaíso

El fiscal Claudio Rebeco informó que la Brigada de Delitos Económicos investiga a la empresa San Nicolás SpA en las regiones de Valparaíso y Biobío, en el marco de una indagatoria por eventuales irregularidades en contratos suscritos tras el megaincendio de 2024. La investigación ya contempla la toma de declaraciones y la incautación de dispositivos electrónicos de funcionarios públicos y particulares vinculados a las operaciones.

El Tribunal de Garantía de Valparaíso autorizó la incautación de celulares y computadores como parte de las primeras diligencias. Paralelamente, la delegación presidencial regional autorizó tratos directos por $7.298 millones, mientras que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó a la misma empresa un contrato por $6.795 millones.

Inicio de la investigación

La causa se abrió luego de que la Contraloría emitiera cinco informes detectando irregularidades en contratos del Estado con proveedores que participaron en labores de emergencia tras los incendios. Los antecedentes fueron remitidos por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional a la Fiscalía Regional de Valparaíso.

El fiscal Rebeco explicó que la investigación busca determinar si los hechos configuran un eventual delito de fraude al fisco. Entre las diligencias en curso se incluyen análisis de cuentas corrientes y trazabilidad de fondos fiscales transferidos a las empresas cuestionadas, entre ellas San Nicolás SpA.

Según el persecutor, la investigación se encuentra en una etapa inicial y requerirá tiempo debido a la complejidad del análisis financiero y contractual.

Observaciones de Contraloría

El organismo fiscalizador cuestionó contratos adjudicados mediante trato directo por la entonces delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, con las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA para arriendo de maquinaria y retiro de escombros.

En el caso de San Nicolás, se pagaron más de $6.725 millones en seis convenios, pese a que la empresa —constituida en 2021 y cuyo propietario tenía 20 años— no contaba con maquinaria ni personal propio y registraba domicilio en un centro de estética. La totalidad de los servicios habría sido subcontratada de manera informal.

Contraloría además detectó posibles sobreprecios, fotografías repetidas en rendiciones, pagos duplicados e inconsistencias operativas, como conductores asignados simultáneamente a distintas máquinas o equipos trabajando en dos faenas al mismo tiempo.

La delegación presidencial sostuvo que la empresa fue contratada por trabajos previos realizados en Biobío y por recomendaciones provenientes de autoridades del nivel central. Posteriormente, la firma también fue sugerida al MOP para labores de demolición en el sector El Olivar, en Viña del Mar.

Ese contrato consideraba un costo por vivienda superior a otras ofertas recibidas. Aunque el MOP terminó cancelándolo, alcanzó a pagar más de $1.527 millones. La Fiscalía investiga además pagos por $782 millones cuya ejecución no estaría acreditada.

Diligencias y cautela investigativa

El Ministerio Público no confirmó si entre los dispositivos incautados se encuentran equipos de la exdelegada González. Las diligencias se concentran principalmente en la Dirección de Arquitectura regional.

El informe de Contraloría también incorporó mensajes informales entre autoridades y representantes de la empresa, en los que se consultaba por su respaldo económico sin exigir documentación formal que acreditara capacidades técnicas o financieras.

En Fiscalía señalan que la investigación avanzará con cautela para distinguir posibles delitos penales de eventuales faltas administrativas, priorizando la solidez de las pruebas antes de eventuales formalizaciones.