Por Manuela Aguilera, Abogada Área Propiedad Intelectual de Araya & Cía. Abogados

Los recientes casos detectados en la industria frutícola chilena, como la propagación ilegal de la variedad de
cereza Tip-Top en Molina y la destrucción de miles de plantas de nectarino en la Región de O’Higgins, no son
hechos aislados. Reflejan una realidad persistente: la propiedad intelectual en el agro sigue siendo
subestimada, incluso en sectores altamente tecnificados.
En ambos casos, la autoridad ordenó la incautación y destrucción del material vegetal tras constatar la
reproducción no autorizada de variedades protegidas. Esto no solo implica pérdidas económicas inmediatas
para los infractores, sino que también expone a toda la cadena productiva a riesgos reputacionales relevantes.
El problema, sin embargo, es más profundo. La reproducción ilegal de variedades vegetales afecta
directamente uno de los pilares del desarrollo agrícola moderno: la innovación genética. Detrás de cada
variedad protegida existe un trabajo sostenido de investigación, inversión y transferencia tecnológica.
Desconocer ese valor no solo vulnera derechos, sino que además desincentiva el desarrollo futuro del sector.
Desde el punto de vista jurídico, estos casos dan cuenta de un fortalecimiento en la fiscalización, con un rol
cada vez más activo de las autoridades y de los titulares de derechos. Al mismo tiempo, evidencian una brecha
importante en materia de cumplimiento. La trazabilidad del material vegetal, la existencia de licencias válidas
y la adecuada documentación contractual dejan de ser aspectos formales para transformarse en elementos
críticos de gestión del negocio agrícola.
Surge entonces una pregunta clave: ¿Están los productores y viveros dimensionando adecuadamente su
exposición legal? No solo quienes propagan ilegalmente enfrentan sanciones. También quienes adquieren,
utilizan o comercializan material vegetal sin la debida autorización pueden verse involucrados en
responsabilidades legales significativas, incluso sin haber participado directamente en la infracción inicial.
En este contexto, la gestión de la propiedad intelectual comienza a consolidarse como una variable estratégica.
La correcta estructuración de contratos, la verificación del origen del material vegetal y el resguardo de los
derechos asociados a las variedades no solo permiten mitigar contingencias, sino también dar mayor certeza
a las operaciones y facilitar el acceso a mercados más exigentes.
La propiedad intelectual en el agro dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un tema estructural y
estratégico del negocio. En un escenario donde Chile compite en mercados internacionales altamente
regulados, el cumplimiento normativo no es solo una obligación, sino también una señal de confiabilidad y un
factor que puede incidir directamente en el valor de los activos productivos.
Hoy, respetar la propiedad intelectual no es únicamente cumplir la ley. Es, en definitiva, proteger la
inversión, asegurar la continuidad operativa y resguardar el futuro de la industria.