En medio de las semanas más difíciles del Ejecutivo a causa de la investigación por presunta violación que pesa sobre el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, las críticas también llegaron al Ministerio de la Mujer. Esto porque pese a autodenominarse como un «gobierno feminista», la reacción de la ministra Antonia Orellana por el caso fue calificada como tardía y se enredó en una discusión televisiva donde terminó siendo criticada por clasismo al decir que “no estamos hablando de un portero de un servicio público«.
El título de «gobierno feminista» ya había sido puesto en tela de juicio varias veces, en particular con el despido de trabajadoras claves y exdirectoras regionales, siendo el caso más emblemático el de Isabel Amor. Esos flancos están lejos de cerrarse y en uno se acaba de escribir un nuevo capítulo, pues el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), dependiente de la cartera de Orellana, se niega a reincorporar a una funcionaria a su puesto, pese a que Contraloría le ordenó hacerlo.
Qué dice la resolución que se niegan a acatar
En agosto, la exjefa de la Unidad de Violencia contra las Mujeres de Sernameg, Paula Cifuentes, relató su caso a El Líbero. En pocas palabras, contó que llevaba nueve años trabajando en el servicio dependiente de la cartera de Orellana, pero que en esta administración está al mando de Priscilla Carrasco. En ese tiempo, ganó un concurso para llegar a esa jefatura, donde incluso fue reconocido públicamente su trabajo.
Sin embargo, el 11 de diciembre de 2023 y pese a que se le había confirmado su contrata para 2024, se le desvinculó aduciendo un presunto mal desempeño y citando evaluaciones paralelas y desconocidas. Para ella, este giro ocurrió no sólo irregularmente, sino que por razones políticas. Por ello, Cifuentes recurrió a Contraloría y el ente falló el 3 de octubre afirmando que no había razones para haberla sacado de su cargo y que, además, Sernameg la sacó del cargo sin seguir los conductos regulares, en este caso, un sumario.
Así, Contraloría resolvió «instruir a la mencionada repartición pública para que arbitre, a la brevedad, las medidas conducentes a reincorporar
en sus funciones a la interesada y a pagarle las remuneraciones correspondientes
al tiempo durante el cual se vio indebidamente separada de sus labores», es decir, 10 meses.
Por qué Sernameg no quiere cumplir
Tras ese fallo, Sernameg llamó a Cifuentes a una infructuosa reunión y tras ella, presentaron un recurso de reposición en el cual, pese a la contundencia de la resolución de Contraloría, piden que se reconsidere la resolución argumentando que la funcionaria no puede volver a su cargo porque ya está ocupado y que tampoco le devolverán todo el dinero, pues ella estuvo trabajando estos meses en un organismo público.
«Es evidente que no me quieren de vuelta. Lo sentí desde la reunión. Me dijeron que me van a pagar, pero que solo me darán la diferencia entre lo que gano y lo que me debían del Sernameg. Al parecer, esperaban que me quedara sin trabajar durante estos 10 meses, lo que es absurdo. Están intentando hacerme pasar por alguien que quiere aprovecharse de la situación, cuando la verdad es que mi despido fue ilegal«, comenta la abogada a El Líbero.
A su juicio, «esto no es un problema técnico, sino que están buscando excusas para no cumplir con la resolución de la Contraloría. Me lo dejaron claro en la reunión que tuve con ellos: el cargo que yo tenía ya está ocupado, lo cubrieron con otra persona tras un concurso interno. Básicamente, me dijeron que no sabían a qué funciones reincorporarme», agrega.
En efecto, la jefatura de la Unidad de Violencia contra las Mujeres la está ejerciendo otra persona y, según el recurso de Sernameg, incluso el cargo fue rediseñado, mencionando sus requisitos. Al verlos, Cifuentes dice que cumple con todos los puntos y que el único cambio que se incorporó, fue que ya no era necesario ser abogado para acceder al puesto, sino que se amplió a tener una profesión de las Ciencias Sociales. Le hace sentido que lo cambiaran, pues la actual cabeza de la unidad es psicóloga.
«Mi abogada lo explicó muy bien en la reunión: en derecho, las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Así como nombraron a la persona que ocupa mi cargo, pueden desnombrarla y reubicarla en otro puesto. La Contraloría fue clara en que deben reincorporarme en las mismas funciones, porque lo que hicieron fue ilegal y arbitrario. Si quisieran despedirme de nuevo, deberían hacerlo por los medios legales, con un sumario o un proceso de evaluación adecuado», comenta.
Respecto al argumento de Sernameg, que indica que ella ya tiene un contrato con otro organismo público, ella explica que es evidente que no puede tener un doble vínculo con el Estado, pero que en el momento que le digan que debe reincorporarse, tomara la decisión de renunciar a su actual trabajo o renunciar a Sernameg, «eso es algo que está claro, y no hay conflicto si lo gestionan bien».
«Volvería a Sernameg: no se trata de dinero, sino de dignidad»
Pero, ¿volvería a Sernameg tras considerar que su salida fue «humillante» y «denigrante»? «Si la Contraloría no acoge el recurso de reposición y me restituye en mis funciones, sí, volvería. Si no me devuelven a mi cargo, voy a seguir adelante con un recurso de protección. Esto no se trata de dinero, sino de dignidad. No puedo permitir que esto quede así. Además, sé que Priscila Carrasco no va a estar en ese cargo para siempre, y el servicio debe continuar sin ella», relata.
Cifuentes menciona a la directora de Sernameg porque ella la despidió.
«Fue un proceso horrible. Priscilla Carrasco, la directora del Sernameg, me sacó porque no hacía todo lo que ella me pedía sin cuestionar. Mi deber como jefa era señalar cuando algo estaba mal, pero ella lo interpretó como oposición. Me trató de ‘oposicionista’ y ‘resistente al cambio‘, cuando solo estaba haciendo mi trabajo, asegurándome de que las decisiones fueran correctas. En la resolución que justificó mi despido, incluso me acusaron de negligencia y de poner en riesgo a las mujeres de las casas de acogida, lo cual es una difamación que dañó mi reputación y los nueve años que le dediqué a esa institución», recuerda.
Según su relato, Carrasco la habría comenzado a dejar a un lado, mientras sumaba a quien fue su reemplazo a varias actividades. «Esa persona, de su confianza, fue nombrada en mi puesto el mismo día que me despidieron», dice. El concurso lo hicieron un mes después.
Cifuentes señala que cuando acudió a gabinete por su despido, se le dio a entender que la ministra Orellana estaba al tanto y afirma que su caso no es aislado. «Hay otras profesionales que también han sido despedidas de manera similar. Una de ellas incluso ganó una demanda en el Tribunal Laboral y el Sernameg tuvo que pedirle disculpas públicas. Todo esto es resultado del mal actuar de Priscilla Carrasco. No sé si está mal asesorada o si simplemente se siente intocable, pero está gastando dinero público para cubrir sus errores», dice en relación a que si Contraloría confirma que se le debe restituir el sueldo, será Sernameg el que pague.
«(El gobierno) está muy al debe. Creo que lo peor que podrían haber hecho es haberse declarado un gobierno feminista, sino que debieron haberlo demostrado con esto», cierra.
