La justicia ordenó la medida en agosto del año pasado. El padre de Valentina Correa fue asesinado por un sicario en 2020.

La hija del asesinado empresario Alejandro Correa, Valentina Correa, criticó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por no demoler la toma en sus terrenos en Quilpué, pese a que hace un año de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio la orden judicial. Fue el 27 de agosto de 2024 que se dictó la acción judicial, la cual apuntó a la Seremi de Vivienda para exigir la ejecución de su propia orden de demolición de las casas construidas en el terreno tomado en Quilpué perteneciente a Correa, quien fue asesinado por un sicario en mayo de 2020 afuera de su casa en Concón. NOTICIAS RELACIONADAS Toma en terrenos de familia Correa en Quilpué sigue en pie a 10 meses de que se ordenara su demolición 118 Crimen de Alejandro Correa: Corte ordena al Minvu demoler toma en terreno del empresario asesinado 131 Si bien en un principio el tribunal de alzada le ordenó al organismo hacerlo en un plazo máximo de 30 días, a casi un año de cumplirse la orden judicial los terrenos continúan tomados. A través de una carta enviada a El Mercurio y titulada «Justicia ordenada, justicia ignorada», la hija del empresario mencionó que «este mes se cumple un año desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigió al Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacer efectiva su propia resolución de demolición sobre el terreno que pertenece a mi familia». «Le recuerdo al Gobierno que en mayo de 2020, un reconocido narcotraficante de la zona mandó a asesinar a mi padre para apropiarse de ese terreno y levantar allí un asentamiento irregular junto a otros negocios ilícitos. Hoy ese criminal cumple una larga condena, pero el terreno sigue ocupado, mientras el Ejecutivo continúa sin cumplir la orden judicial», cuestionó Correa. En esa línea, mencionó que «han pasado cinco años marcados por una cadena interminable de promesas incumplidas por parte de ministros, subsecretarios, gobernadores y consejeros regionales». A su juicio, esas eran «promesas que debían permitirnos recuperar lo que es nuestro y, con ello, algo más profundo: la confianza de quienes habitamos este país en las instituciones del Estado». «Cumplir con la orden judicial no es solo hacer justicia: una obligación legal y una señal urgente de que el crimen organizado no se tolera, no se normaliza, no se instala», subrayó la hija del empresario. En ese sentido, apuntó a que «ya no caben más excusas. Todo indica que este Gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado desesperanza entre los ciudadanos».

Fuente: Emol.com